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¿Porqué vinculan al ahora ex-fiscal zona Norte Jorge Nava López con el caso Gómez Mont?

De acuerdo con el periódico Reforma, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez federal de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez en el Penal del Altiplano ordenó el arresto diez personas, presuntos implicados en el caso por el cual son buscados Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, pero por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con la acusación, se imputa una presunta triangulación de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga, dinero que vendría del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Reforma expuso que de acuerdo a informes recabados, el principal exfuncionario penitenciario buscado por la Fiscalía es Eduardo Guerrero Durán, quien fuera comisionado del OADPRS, entre septiembre del 2015 y 2016, sin embargo, este personaje también fue fiscal de Ejecución de Penas durante el Gobierno de César Duarte, destacó por despresurizar las cárceles al enviar a los reos federales a otras partes del país, como a las Islas Marías.

Asimismo también se encuentra entre los requeridos por el juez el ahora fiscal Zona Norte con sede en Juárez, Jorge Nava López quien se informó esta mañana fue destituído de dicho cargo y quien fuera exdirector General del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.

Presuntamente Eduardo Guerrero Durán y Jorge Nava López pertenecen a la gran red de desvío de recursos en prisiones federales en el cuál se persigue también a la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga. De acuerdo a la FGR la pareja Álvarez-Gómez Mont junto a los exfuncionarios implicados desviaron recursos por más de 2 mil 950 millones de pesos y además del peculado se les imputan los cargos de: delincuencia organizada y lavado de dinero.

Se señala que el despacho de Álvarez Puga es de las empresas con la mayor falsificación de facturas para evadir impuestos o lavar dinero, simulando la prestación de servicios sin licitación a carteles federales por parte de la Secretaría de Gobernación.

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